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La convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. I.



2 de junio de 2011

I. Apuntes del Decreto.
El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública ( art28) en el desempeño de la función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento Jurídico.
Los Reglamentos de Régimen Interno estarán en funcionamiento hasta la aprobación de las normas de convivencia del centro y de su plan de convivencia, en todo aquello que no contradiga lo formulado en el presente Decreto.
Respecto a la derogación de la normativa, queda derogado el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. De igual modo la Orden de 11 de junio de 2001, por la que se regula el procedimiento conciliado para la resolución de conflictos de convivencia.
Referido al marco constitucional, el artículo 27 de la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la educación. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1, entre los principios inspiradores del sistema educativo español, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En su artículo 2, apartado 1, letra c), como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica.
Asimismo, se inspira, entre otros, en el principio de consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. De acuerdo con dicha Ley, las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de la labor docente. Para ello, dichas Administraciones prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
Ante las transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, el mundo educativo debe ofrecer una rápida respuesta en el impulso de los valores de respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, tan necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos.

En este sentido, los poderes públicos deben actuar con carácter proactivo, sentando las bases que permitan educar en el ejercicio pacífico de derechos, en su defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en una sociedad cada vez más compleja y diversa.

El compromiso de la comunidad educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el mantenimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, mediante la incorporación de medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, medidas que refuercen la autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y demás trabajadores del centro, la agilización de los procesos, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de la comunidad educativa, y la colaboración de las familias y del conjunto de la sociedad con el profesorado y con los centros docentes.
La finalidad de las normas de convivencia es mantener un clima escolar adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática que permita la adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.
El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño directo o indirecto a los miembros de la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de responsabilidad es parte de la gestión del conflicto, así como de la consecuente reparación responsable del daño causado.
En relación a DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. En el CAPÍTULO I, está referido a los DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO.
Son derechos del alumnado, entre otros el derecho a una formación integral. Son deberes del alumnado, el deber de estudio, asistencia a clase. Respeto a la comunidad educativa y a las normas de convivencia.
Este Decreto desarrolla los DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS. Los DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO. Los DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
También en lo referente a la PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. Los INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. Y la DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. Cierra este decreto todo lo referido a los Órganos de defensa del alumnado.
1.- 3000 DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC de 2 de junio de 2011.
2.- Los colegios podrán autodiagnosticar su estado de convivencia escolar a través de Internet.2 de junio de 2011.

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